En diciembre del 2021, con la mayor votación de la historia, Gabriel Boric fue elegido presidente y con ello se dio paso a un cambio generacional en la política chilena. Su gobierno promete ser cercano a la gente, feminista – así lo evidencia su primer gabinete ministerial, 14 de 24 son mujeres -, ambientalista e inclusivo. Pero, ¿Cuál es su historia?
En el año 2006, con la denominada “Revolución Pingüina”, se empezó a gestar en Chile un malestar social generalizado que solo fue creciendo. En esa ocasión, los estudiantes de secundaria vestidos con su tradicional uniforme blanco y azul oscuro (lo que les mereció el apodo de pingüinos) salieron a las calles para exigir que se garantizara el derecho a la educación y se produjeran cambios de fondo en el modelo educativo. Estas manifestaciones no pasaron desapercibidas y obligaron al gobierno de Michelle Bachelet a negociar con los líderes estudiantiles mejoras para el sistema educativo nacional.
En el 2011, fue el turno de los estudiantes universitarios quienes, con un amplio apoyo popular, se tomaron las calles del país para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera una educación gratuita y de calidad. Las manifestaciones a lo largo y ancho del país estuvieron lideradas por las federaciones estudiantiles de las principales universidades del país, en cabeza de sus representantes, entre los que se destacaron Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson.
Su liderazgo durante las marchas fue el puntapié inicial para su carrera política.
En 2014, gracias a su popularidad, Boric, Jackson y Vallejo son elegidos diputados y llegan a la Cámara de Representantes incomodando a las bancadas más conservadoras, pero dándole un nuevo aire a la política tradicional que, en los sectores sociales, empezaba a percibirse como una élite alejada de la gente. En 2018, fueron reelectos y permanecieron en esta entidad apoyando iniciativas legislativas. Algunas de ellas controvertidas, como fue los retiros de dinero de los fondos de pensiones para aliviar la crisis económica de los hogares chilenos, ocasionada por la pandemia o la acusación constitucional contra el presidente Piñera.
El malestar nacional, que en un inicio sólo fue expresado por los estudiantes, siguió creciendo y se extendió a otros sectores de la sociedad. En 2019, con el anuncio del gobierno de aumentar el pasaje del metro, todo ese inconformismo y esa demanda de justicia social, contenida por años y despertada por los estudiantes, logró que el país entero se movilizara en lo que los expertos denominaron un “Estallido Social”.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2019, los chilenos se manifestaron masivamente en las calles de las principales ciudades del país. Para ese entonces, las protestas ya no eran solo por la educación, también se sumaron causas como un sistema pensional y de salud más equitativo, garantizar los Derechos Humanos, mayor inclusión y un cambio en la constitución, entre otras que se resumían en una de las consignas de las protestas. “No son treinta pesos, son treinta años” aduciendo a que no era sólo por el aumento en treinta pesos del pasaje del metro, sino los treinta años de la implementación del modelo neoliberal que había privatizado buena parte de los servicios públicos y sociales.
En un intento por apaciguar los ánimos enardecidos, el gobierno de Sebastián Piñera convocó el 15 de noviembre a una reunión con todos los sectores políticos para encontrar una salida a la crisis que vivía el país. A esta cita concurrieron principalmente representantes de los partidos de centro y derecha. Durante esta jornada decisiva para el país, destacó la disposición del entonces diputado Gabriel Boric para generar acuerdos. La propuesta aprobada en esa reunión fue convocar un plebiscito para cambiar la constitución que, pese a todas las modificaciones realizadas, seguía siendo concebida como la constitución heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La participación de Boric en este acuerdo fue criticada por varios líderes de izquierda que no vieron con buenos ojos que representantes de ese sector se reunieran con un gobierno que veían más como parte del problema y con el cual no sentían ningún tipo de afinidad. Sin embargo, el plebiscito fue una medida acertada y resultó en la elección de una convención constitucional encargada de escribir una nueva Carta Magna. En esta entidad, convergen líderes de organizaciones sociales que antes eran ajenas a la política, representantes de partidos políticos y miembros de los Pueblos Originarios.
Fuente Presidencia de Chile – Prensa
Esta cronología de sucesos fue el impulso para que Gabriel Boric se presentara a una primaria presidencial por el sector de la izquierda, donde compitió con un fuerte candidato, miembro del Partido Comunista Daniel Jaude, quien corría como favorito en esta elección. Sin embargo, los resultados dieron como ganador a Gabriel Boric y debió enfrentarse en la primera vuelta presidencial con representantes de las coaliciones políticas que habían gobernado el país desde el retorno a la democracia y con José Antonio Kast, un líder de derecha, que junto a Boric pasó a la segunda vuelta presidencial.
En diciembre del 2021, con la mayor votación de la historia, Gabriel Boric fue elegido presidente y con ello se dio paso a un cambio generacional en la política chilena. A partir de marzo del 2022, los líderes del movimiento estudiantil asumieron el poder ejecutivo. El de Boric promete ser un gobierno cercano a la gente, feminista – así lo evidencia su primer gabinete ministerial, 14 de 24 son mujeres -, ambientalista e inclusivo. Pero, además se espera que su liderazgo represente un nuevo aire para las ideas de izquierda que, en el contexto regional, se asocian a un modelo fallido dada la crisis existente en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Los desafíos del nuevo gobierno son enormes; deberá llevar a cabo el plebiscito para aprobar el texto de la nueva constitución y de aprobarse tendrá que iniciar su implementación. Sumado a ello, deberá afrontar la crisis económica postpandemia y las problemáticas derivadas del cambio climático. Pero su principal desafío, de acuerdo con las demandas sociales, será sentar las bases para un país más justo e inclusivo donde una vida digna sea un derecho y no un privilegio.
