El país suramericano parece ser el protagonista de los medios de comunicación últimamente. En la web circulan videos de protestas y disturbios; incluso algunas personas han cambiado su foto de perfil para mostrar su apoyo al pueblo colombiano. Aunque las manifestaciones comenzaron hace más de seis semanas, sus raíces preceden a la crisis de Covid. Susana Cicchetto explora las circunstancias que llevaron a este momento decisivo.
Celebridades como J Balvin, Maluma, Shakira, Carlos Vives y entidades como la ONU han abordado el caos que se ha desencadenado en Colombia. Pero, ¿Qué está pasando en el país sudamericano y por qué?
Para comprender plenamente lo que está sucediendo en Colombia, hay que dar un paso atrás y analizar cómo todo esto era un endeble castillo de naipes a punto de colapsar.
Según las perspectivas de la economía global publicadas por el Fondo Monetario Internacional en enero de 2021, la economía colombiana se contrajo drásticamente con «graves repercusiones para las mujeres, los adultos jóvenes, los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y en el sector informal». La economía nacional recibió un duro golpe debido a la pandemia, de la cual apenas comienza a recuperarse.
Si bien el país comenzó el año pasado animado por el prometedor crecimiento de enero y febrero, lastimosamente terminó el mes de marzo en un estado de semi
parálisis que se prolongó durante todo abril, siendo el choque económico más estrepitoso en medio siglo; la pandemia de coronavirus ha aumentado aún más una tasa de desempleo ya alta.
Ante esto, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Iván Duque, afirmó la necesidad de una reforma tributaria para ayudar a los necesitados y al propio país. Alberto Carrasquilla, el entonces Ministro de Hacienda, presentó la iniciativa
denominada ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, argumentando que uno de los elementos esenciales es garantizar un ingreso permanente y estable a los hogares en pobreza o pobreza extrema.
Por otro lado, la reforma propuesta bajaría el umbral en el que se gravan los salarios afectando a cualquiera con un ingreso mensual de US $656 en un país donde el salario mínimo es de US $234. También eliminaría muchas de las exenciones
actuales de las que disfrutan las personas naturales, aumentaría los impuestos sobre las empresas y la cantidad de bienes cubiertos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La ley también proponía imponer la recaudación del IVA, que actualmente es del 19% en Colombia, sobre productos de consumo esenciales como servicios públicos(agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadoras y
otros artículos hasta ahora estaban exentos. Las propuestas causaron una gran indignación entre quienes argumentaron que ya están luchando para alimentar a sus familias durante la pandemia y este cambio sería devastador.
«La reforma tributaria fue sólo el catalizador; hay un sentimiento de resentimiento que se gestó bajo la superficie durante mucho tiempo. Hay una desconfianza significativa al gobierno y estamos mirando a una nueva generación que no tiene miedo y aunque lo tengan, están luchando por un mañana mejor ”, dijo Mafe
Carrascal, asesora política de la Cámara de Diputados y fundadora de la corporación El País Primero, que aboga por los derechos humanos y orienta a jóvenes activistas.
Los colombianos tomaron las calles pacíficamente la última semana de abril y la primera semana de mayo y no han parado desde entonces- para exigir el retiro de la iniciativa. «Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el
gobierno es más peligroso que el virus» leen las pancartas en las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali.
«Estábamos protestando pacíficamente, pero el gobierno se infiltra como policías vestidos de civil para instigar el caos y culparnos. Destruyen la propiedad del gobierno. Usan la agresión contra los suyos para hacernos parecer vándalos. Lo
hacen para que los Jefes de Estado puedan deslegitimar nuestra lucha e implementar reformas para financiar sus propias necesidades codiciosas, como comprar aviones en un momento como este «. Isabella Londoño, activista de Cali, afirmó.
Londoño se refiere al hecho que la administración de Duque adquirió 24 aviones F16 para la Fuerza Aérea de Colombia por un total de COP $ 14 mil millones (USD 3,7 mil millones); empleó a estrategas estatales de publicidad y comunicación para
mejorar la participación del Presidente en las urnas, equivalente a COP $ 20.000 millones (USD 5,2 millones); la adquisición de 18 tanques militares por COP $12.000m (USD 3M).
También compró 23 nuevos vehículos blindados para todo su equipo de seguridad por COP $ 9.600 millones (USD 2,5 millones); contrató un equipo de comunicaciones para el Ministerio de Defensa por COP $ 898.000 millones (USD 234 millones) y aumentó el salario de los senadores de COP $ 32.741.000 (USD $8.541) a COP $ 34.417.000 (USD $ 8.921).
Últimamente, las Naciones Unidas y Human Rights Watch han condenado la violenta represión de la protesta. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han desaparecido centenares de ciudadanos. La policía antidisturbios
llena las calles con gases lacrimógenos, dispara a quemarropa a manifestantes y ataca a la multitud con motocicletas, dejando múltiples muertos en Cali, la tercera ciudad más grande del país que tiene una población afrocolombiana considerable.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, insistió en que la conducta de los policías «está dentro de la ley» y es «[su] deber proteger a los que protestan -y a los que no- de los que se disfrazan y aprovechan para aterrorizar a los colombianos».
«Lo que hay que entender es que esta protesta, este paro, en Cali se está viviendo de una manera muy caleña. Esta ciudad es la ciudad Salsa de Colombia. Somos música, baile y fiesta, y esta protesta empezó igual; uno no sabía si estábamos en medio de una fiesta o una protesta. En realidad, al comienzo de todo esto, uno pensaría incluso que esto era La Feria de Cali, no una revuelta contra un impuesto», afirmó Alberto Bejarano, abogado caleño, asesor político del partido El Polo Democrático y defensor de los derechos humanos.
Las ONG locales que monitorean la violencia policial, como Temblores, aconsejaron a los manifestantes en la ciudad colombiana ir a casa, ya que no hay garantías de
seguridad. «Tu vida está antes que todo, y el Estado la está atacando deliberadamente», tuitearon.
En un discurso en vivo, Duque pidió a los congresistas de su país que retiraran el controvertido proyecto de ley de reforma tributaria. “Le pido al Congreso de esta República que retire el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y tramite
urgentemente un nuevo proyecto como resultado del consenso y así evitar la incertidumbre financiera”, continuó el mandatario. «La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Si se retira o no, no es la verdadera discusión. Lo que importa es garantizar la continuidad de los programas sociales», agregó.
«La noticia fue inesperada. Nunca en la historia de la Colombia neoliberal un gobierno retiró una reforma tributaria; el pueblo colombiano no esperaba eso, pero, de todos modos, fue visto como un triunfo y una señal de esperanza. Si esta
administración cedió y entendió nuestra disconformidad, entonces nosotros [el pueblo] debemos pedir más ”, explicó Bejarano.
¿Qué pidieron a continuación? Que Alberto Carrasquilla renuncie y descarte la nueva Reforma de Salud «porque esta propuesta es tan mala, si no peor, que la reforma tributaria. La gente en la calle incluso está lanzando la idea de derrocar al gobierno, por eso [la actual administración ] se encuentra en un lugar muy precario en este momento «.
El 3 de mayo por la mañana, el mundo se despertó con la noticia de que Carrasquilla había optado por dejar su cargo y Duque había aceptado su renuncia. El congresista tuiteó: «Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida del consenso necesario». José Manuel Restrepo se convirtió en el nuevo ministro de Hacienda.
«Esto no solo trajo alegría a la gente, sino que, una vez más, sintieron esperanza. Esperanza para ellos mismos. Esperanza para su comunidad. Esperanza para su nación», continuó Bejarano, «¿qué pedirán los manifestantes ahora? Claro que este
no es el final de la protesta porque su gobierno ha defraudado al pueblo colombiano durante tanto tiempo que ahora los jóvenes y las minorías quieren ser escuchados, quieren abordar los temas que llevan tanto tiempo escondiendo bajo la alfombra.»
Afrocolombianos, poblaciones indígenas y mujeres han subido al podio y utilizan las redes sociales para dar a conocer las atrocidades que se están cometiendo, ya que los medios locales se centran en el daño perpetrado a las ciudades excluyendo las
imágenes brutalidad policial, tiroteos contra civiles desarmados, calles manchadas de sangre y más.
Debido a esto, los jóvenes han optado por transmitir en vivo en Instagram y Facebook lo que está pasando; estos videos se han compartido innumerablemente entre usuarios tanto a nivel nacional como internacional.
«Estamos viendo a mujeres tomando el mando y tomando posición contra la injusticia policial, pero eso también ha llevado a un aumento de violaciones, agresiones sexuales, intimidación sexual, y más, por parte de policías y militares a
un nivel peligroso», comentó Mafe Carrascal. «Se trata de las caleñas, el rostro de esta revuelta son las mujeres del Valle del Cauca», agregó Bejarano.
Como respuesta a esto, el gobierno de Duque militariza las calles exacerbando el problema. Algunos miembros del Congreso incluso sugirieron suspender el acceso a Internet, para así paralizar la documentación de los hechos.
«Ya ha habido un claro abuso de poder por parte del poder Ejecutivo, ya que ha revocado los poderes de las autoridades locales para que Duque pueda mandar a nivel federal; se puede ver en Cali que el alcalde ya no tiene jurisdicción», agregó
Carrascal.
La ONG Temblor publicó un balance de víctimas del 28 de abril al 1 de mayo, contando 940 casos de brutalidad policial, 30 casos de uso indebido de armas contra civiles por parte de la policía, 21 homicidios en manos de las fuerzas de seguridad pública, 672 detenciones arbitrarias por parte de la policía y cuatro
víctimas de abuso sexual por parte de la policía.
La lucha parece no tener fin, ya que el Centro Democrático, el partido creado por el ex presidente Álvaro Uribe, quien es despreciado por muchos por sus acciones violentas mientras estuvo en el poder, solicita a la actual administración que declare
un estado de ‘interna’ conmoción.’ Si el gobierno cede, el Jefe de Estado asumiría los poderes de los legisladores regionales, restringiría las manifestaciones y tomaría el control de la radio y la televisión.
¿Ivan Duque cumplirá? Solo el tiempo lo dirá, pero con base en los cinco años anteriores, se debe seguir analizando.
En agosto de 2018 se llevó a cabo la consulta anticorrupción de Colombia. Se pidió a los ciudadanos votar Sí o No en siete preguntas relacionadas con la corrupción. Era necesario obtener al menos 12.140.342 votos (33,3%) y que el Sí obtuviera más
del 50% de los votos. Sin embargo, la alta abstención electoral durante la jornada impidió que se alcanzara el umbral y, por tanto, el resultado no fue el deseado dejando a varios ciudadanos con un sabor amargo en la boca.
Meses después, el 11 de enero de 2019, se realizaron diversas marchas denominadas «Marcha de los faroles»; los manifestantes exigieron la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por presuntas conexiones con el caso de corrupción de Odebrecht, la impunidad de la justicia colombiana y la ola de asesinatos de líderes sociales.
Grabaciones, entregadas por Alejandro Pizano, testigo clave en la investigación, revelaron el vínculo directo de Humberto con la constructora brasileña Odebrecht. Tanto Pizano como su hijo murieron misteriosamente por envenenamiento con cianuro meses antes de que pudieran testificar.
El 5 de noviembre de 2019 se presentó en el Congreso una moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero por un atentado en la zona rural de San Vicente del Caguán por parte del Ejército contra un presunto grupo de disidentes de las FARC-EP.
Ocho menores fueron asesinados y presentados al público como miembros del grupo disidente. Estos habían sido denunciados como reclutados a la fuerza por la Defensoría del Pueblo de Colombia a los mandos militares de la zona.
Asimismo, la tensión entre el pueblo y el gobierno se ve agravada por el genocidio de los grupos criminales de la zona contra las comunidades indígenas. Cincuenta y cinco de sus integrantes fueron asesinados en 2019, y 2 masacres ocurrieron en menos de tres días a fines de octubre sin que el Estado tomara medidas.
Meses después, las comunidades y organizaciones del Cauca se reunieron para anunciar su apoyo al paro nacional del 21 de noviembre convocado por sindicatos, estudiantes universitarios y sociedad civil. Incluso artistas y famosos como Carlos
Vives, Adriana Lucía, Goyo de ChocQuibTown y Señorita Colombia 2019 María Fernanda Aristizábal expresaron su apoyo y participación en la jornada de protestas
en el país.
Ante la presión popular y la amenaza de un paro nacional, el 6 de noviembre Guillermo Botero dimitió como ministro de Defensa sin haber completado la moción de censura en el Congreso.
Estos hechos hicieron que la popularidad del presidente Iván Duque cayera a niveles históricamente bajos, sobre todo para alguien que había estado en el cargo por poco más de un año.
El 21 de noviembre, se estima que entre 200.000 y 1 millón de colombianos protestaron en todo el país. El gobierno respondió desplegando 170.000 soldados y cerrando sus fronteras. Lastimosamente, las manifestaciones se volvieron violentas,
con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes; algunos grupos intentaron asaltar el Capitolio Nacional, el edificio que alberga el Congreso de Colombia. Estallaron peleas cerca del aeropuerto internacional del país y también se lanzaron
gases lacrimógenos contra personas en la Universidad Nacional de Bogotá.
Las protestas continuaron en 2020 hasta que la pandemia tomó al mundo por sorpresa… hasta ahora
